|• GERARDO MORÓN SÁNCHEZ
Cualquiera diría que era por su contextura que al juez Bracho no le quedó la braga anaranjada. Sin embargo para muchos que conocerían el detrás de este arresto, la lectura es que esa braga no le tocaba a él sino a otros.
Yorwis Johan Bracho Gómez era un fantasma en redes sociales, un desconocido en el buscador de Google salvo por una filiación de identidad en el portal Dateas, un expediente judicial como testigo de un doble homicidio en un hotel de Paraguaná el 4 de abril del 2011 (IP11-P-2011-001644) y otro como abogado en ejercicio (IP31-J-2012-000732).
Pero desde hace cerca de 10 días su nombre aparece con regularidad en las redes sociales como detenido por supuestos hechos de corrupción que, según información, tendrían que ver con la entrega de unos vehículos que estaban a orden de la Superintendencia Nacional Antidrogas.
Extraoficialmente se conoció que tales automóviles fueron retenidos en el contexto de una investigación contra un ciudadano aprehendido por la GNB en la alcabala de Maicillal en mayo del 2020 y trasladado luego al Helicoide.
De de los artículos del Código Orgánico Procesal, el artículo 294 le habría dado autonomía al juez para decidir en el asunto bajo su competencia. El artículo dice que «las reclamaciones o tercerías que las partes o terceros entablen durante el proceso con el fin de obtener la restitución de objetos recogidos o que se incautaron se tramitarán ante el juez o jueza de control, conforme a las normas previstas por el Código de Procedimiento Civil para las incidencias».
De 42 años y hasta hace dos semanas Juez del Tribunal Primero de Control del estado Falcón, la detención de Bracho Gómez, expuesta como ejemplo de la lucha contra la corrupción, ha dejado dudas, sumado al hecho de juzgarse a un abogado al que se anticipado cuando habían percibido que expondría presuntas irregularidades de terceros en torno a los vehículos. Los susceptibles de llevar la braga anaranjada, tuvieron la astucia de picar adelante.
En los pasillos judiciales y entre las conversaciones diarios de abogados de todo el estado Falcón, muchos saben que Yorwis es un chivo expiatorio, pero, que le den la razón tiene difícil por el giro político y mediático que ha tomado el tema de la corrupción en el país.
Hay quienes consideran que por el bien de la justicia, expedita y efectiva en Falcón, si la Policía Nacional Contra la Corrupción (PNCC), la Dirección General de Contrainteligencia Militar, el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) y Fiscal General Tarek William Saab investigan como es, más de uno tendrá que disculparse con Bracho Gómez un juez si viene sin fortuna, que eran más el tiempo que se la pasaba en la Coro Punto Fijo accidentado, que hasta en los mismos tribunales.
Abogados consideran que las decisiones judiciales pueden ser recurridas por las partes, pero de allí utilizar la propia vía penal para castigar con cárcel a un juez que tome una decisión contraria a lo que solicita el Ministerio Público socava el Estado de derecho y la autonomía del Juez.
Es simplemente enterrar el derecho en el país y plantearse como axioma que: todo lo que diga la Fiscalía es amén, resaltando por tanto que con tales acciones prácticamente se acabaría el litigio en Venezuela, situación muy contraria a lo que vienen planteando algunos diputados de la Asamblea Nacional, en la cual precisamente se refieren al rescate de la imagen del Poder Judicial y que se pueda litigar y debatir libremente y apegados a derecho y de buena fe por ante los estrados tribunalicios.
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